Quiénes somos
El Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán (CAM) se instituye en la provincia desde el 30 de octubre de 2009, incorporado en el ordenamiento público local a partir del art. 101 Inc. 5° de la Constitución Provincial y reglamentado por la ley 8.197. La creación del CAM surge como respuesta a la necesidad de la comunidad tucumana de contar con una justicia de excelencia.
A raíz de un proceso de debate social se entendió que la organización y el procedimiento para designar magistrados/as son cuestiones fundamentales en el sistema republicano de gobierno puesto que, en gran medida, de ello depende la independencia del Poder Judicial. Pero además del requisito de autonomía personal de jueces, fiscales y defensores, la sociedad exige de estos funcionarios un conocimiento técnico que permita administrar con eficiencia e idoneidad el destino de las personas y la propiedad, de modo que se garanticen para todos/as reglas claras, previsibilidad y equidad.
La competencia del CAM radica en la selección de los/as candidatos/as a magistrados/as de primera y segunda instancia e integrantes de los ministerios públicos más capacitados. Esto se logra mediante un proceso de concurso público que consiste en un examen escrito de oposición, en la evaluación de los antecedentes profesiones de los/as postulantes y en entrevistas ante el Consejo.
La preselección que realiza el CAM finaliza con la remisión al Poder Ejecutivo Provincial de la terna de mejores candidatos/as. Será el/la gobernador/a quien elegirá a la persona a desempeñarse en el cargo que fuera llamado a concurso, remitiendo luego el pedido de acuerdo a la H. Legislatura de Tucumán.
El Consejo Asesor de la Magistratura se compone de representantes del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia y magistrados o Ministerio Público de primera o segunda instancia de los Centros Judiciales de Capital, Concepción y Monteros), del Poder Legislativo (legisladores por la mayoría y minoría parlamentaria) y de los/as abogados/as de la matrícula de capital y del sur de la provincia. La participación de todos los estamentos y de la ciudadanía aporta diferentes miradas que apuntan a un objetivo común: dotar al Poder Judicial de idoneidad y excelencia en capital humano para el desempeño de una de las más altas responsabilidades públicas, la administración de justicia. Mucho es lo que falta por hacer y seguramente el futuro permitirá enriquecer, mejorar y perfeccionar lo realizado, fortaleciendo nuestra democracia y nuestras instituciones.