Quiénes somos

 

El Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán se instituye en la provincia desde el 30 de octubre de 2009, incorporado en el ordenamiento público local a partir del art. 101 Inc. 5° de la Constitución Provincial y reglamentado por la ley 8197. La creación del CAM surge como respuesta al deseo de la comunidad tucumana de contar con una justicia de excelencia.

La competencia de esta institución radica en la selección de los candidatos a jueces de primera y segunda instancia y miembros del Ministerio Público más capacitados. Esto se logra mediante un proceso de concurso público que consiste en: examen escrito de oposición, evaluación de antecedentes y entrevistas ante el Consejo.

La preselección de magistrados que realiza el CAM finaliza con la remisión al Poder Ejecutivo Provincial de la terna de mejores candidatos. Será el/la gobernador/a quien elegirá a la persona a desempeñarse en el cargo que fuera llamado a concurso, remitiendo luego el pedido de acuerdo a la H. Legislatura de Tucumán.

A raíz de un proceso de debate social se entendió que la organización y el procedimiento para designar magistrados son cuestiones fundamentales en el sistema republicano puesto que, en gran medida, de ello depende la independencia del Poder Judicial. Pero además del requisito de autonomía personal de jueces y fiscales, la sociedad exige de estos funcionarios un conocimiento técnico que permita administrar con eficiencia e idoneidad el destino de las personas y la propiedad, de modo que se garanticen para todos reglas claras, previsibilidad y equidad.

El Consejo Asesor de la Magistratura se compone de representantes del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia y Magistrados o Ministerio Público de primera o segunda instancia de los Centros Judiciales de Capital, Concepción y Monteros), del Poder Legislativo (Legisladores por la mayoría y minoría parlamentaria) y de los Abogados de la matrícula de los Centros Judiciales de Capital, Concepción y Monteros. La participación de todos los estamentos y de los ciudadanos a través de los parlamentarios, abogados y magistrados aporta diferentes miradas que apuntan a un objetivo común: dotar al Poder Judicial de idoneidad y excelencia en capital humano para el desempeño de una de las más altas responsabilidades públicas, la administración de justicia. Mucho es lo que falta por hacer y seguramente el futuro permitirá enriquecer, mejorar y perfeccionar lo realizado, fortaleciendo nuestra democracia y nuestras instituciones.