Quiénes somos

 El Consejo Asesor de la Magistratura se erige en la provincia de Tucumán desde el 30 de octubre de 2009, incorporado en el ordenamiento público local a partir del art. 101 Inc. 5° de la Constitución Provincial y reglamentado por la ley 8197. La creación y puesta en funcionamiento del CAM surge como respuesta al genuino deseo de la comunidad tucumana de contar con una Justicia de excelencia.

La competencia de este órgano radica en la selección de los mejores candidatos a jueces de primera y segunda instancia y miembros del Ministerio Público, mediante un proceso que comprende el examen de oposición, evaluación de antecedentes y entrevistas personales. Este proceso finaliza con la elevación de una terna de posibles magistrados al Poder Ejecutivo Provincial, quien elegirá a la persona a desempeñarse en el cargo, remitiendo luego el pedido de acuerdo a la H. Legislatura de Tucumán. Luego de un proceso de aprendizaje y debate social se entendió que la organización y el procedimiento para designar a futuros magistrados no eran cuestiones menores en el andamiaje del sistema republicano puesto que, en gran medida, de ello dependía la independencia del Poder Judicial. Pero a la par del requisito de autonomía personal de jueces y fiscales, la sociedad exige de estos funcionarios un conocimiento técnico que permita administrar con eficiencia e idoneidad el destino de las personas y la propiedad, de modo que se garanticen para todos reglas claras, previsibilidad y equidad.

El Consejo Asesor de la Magistratura se compone de representantes del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia y Magistrados o Ministerio Público de primera o segunda instancia de los Centros Judiciales de Capital, Concepción y Monteros), del Poder Legislativo (Legisladores por la mayoría y minoría parlamentaria) y de los Abogados de la matrícula de los Centros Judiciales de Capital, Concepción y Monteros. La participación de todos los estamentos (ciudadanos a través de los parlamentarios, abogados y magistrados) aporta diferentes miradas que apuntan a un objetivo común: dotar al Poder Judicial de idoneidad y excelencia en capital humano para el desempeño de una de las más altas responsabilidades públicas, la administración de justicia. Mucho es lo que falta por hacer y seguramente el futuro permitirá enriquecer, mejorar y perfeccionar lo realizado, fortaleciendo nuestra democracia y nuestras instituciones.